Intendencia denuncia presunta estafa con terrenos y ordenó investigación a 2 funcionarios en Atlántida

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A instancias de presuntas irregularidades constatadas por el  alcalde de Atlántida  en la división jurídica de su municipio, la Intendencia de Canelones presentó ante la Fiscalía una denuncia penal que involura a una escribana y un abogado del municipio.

También ordenó abrir una investigación administrativa y traslado temporal a otra dependencia de los profesionales..

La ocupación de un terreno y la constatación de una venta irregular de los derechos posesorios a seis familias por parte de particulares inescrupulosos, despertó las sospechas de las autoridades y tras declarar los denunciantes, se desprende el nombre de los dos profesionales funcionarios que son investigados.

El Secretario General de la Intendencia Francisco Legnani dijo que no se descarta que en la presunta maniobra haya más funcionarios que puedan estar vinculados.

La relación de los profesionales investigados se daba en el ámbito privado, pero igualmente se dispuso la medida que establece el protocolo de la investigación.

También se está investigando una situación similar en La Floresta con la diferencia de que no hay funcionarios investigados al momento dijo el jerarca.

El alcalde de Atlántida, lamento en principio que seis familias de Atlántida hayan resultado dañadas económicamente por los presuntos estafadores, confirmó que el dueño de los terrenos se hizo presente y recalcó que la Intendencia no tiene potestad alguna para otorgar derechos sobre terrenos particulares, dando cuenta que la reglamentación sobre la propiedad privada en Uruguay es clara.

Por otra parte, el alcalde, narró cómo ocurrieron los hechos y reivindicó la transparencia con la que trabajan la enorme mayoría de los funcionarios del municipio.

El alcalde dijo que “todos los uruguayos tenemos derecho a una vivienda digna y las políticas de vivienda nos podrían sacar de esta situación”.  Dijo que “deberíamos tener alternativas ante estas circunstancias y llamó a tener en cuenta el contexto de las familias que deciden adquirir un predio en esta condiciones”, recalcando que para nada justifica esas acciones y atento a que le ley de propiedad privada en Uruguay es clara.

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